El portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Buenos Aires, el 11 de diciembre de 2023Luis Robayo / AFP
El vocero de la Presidencia de Argentina, Manuel Adorni, ratificó este jueves las sanciones a las personas que participaron en las protestas contra el gobierno de Javier Milei el miércoles e incumplieron los protocolos de seguridad que estableció recientemente su administración, como realizar cortes de calles o acciones violentas.
«Lo dijimos en más de una oportunidad, lo aclaró la ministra [Patricia] Bullrich, lo aclaró la ministra de Capital Humano y lo he aclarado yo, en innumerables oportunidades desde que participo en esta conferencia, va a haber consecuencias, va a haber consecuencias«, remarcó Adorni en conferencia de prensa.
El vocero de Milei agregó que en este momento están en el «proceso de identificación de quiénes incumplieron la ley», y luego de esto, «se procederá sobre ellos a hacer recaer el peso de la ley, y en caso de que sean beneficiarios de planes sociales a quitárselos tal como se ha prometido«.
Adorni agregó que en la jornada de ayer, el operativo de seguridad tuvo «un costo importante» y adelantó que esa cifra, «cuando se termine de cuantificar en las últimas horas, se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones que participaron» en las protestas antigubernamentales.
«Se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos nos salió ayer efectivamente lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas para que todos podamos transitar libremente», dijo el vocero.
Organizaciones sociales y políticas marcharon el miércoles en Argentina para conmemorar a las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, durante la gran crisis económica que vivió el país; y para rechazar las políticas de ajuste impuestas por el gobierno ‘libertario’ de Milei, que han causado alarma en los argentinos.
Protocolo ‘antipiquetes’
Para Adorni, los resultados del protocolo de seguridad desplegado en las manifestaciones fueron «un éxito», porque se evitaron cortes de vías en puntos claves de la ciudad, donde las organizaciones sociales denunciaron represión y «criminalización de la protesta«.
De igual forma, dijo que en las marchas antigubernamentales habrían participado unas 3.000 personas y que recibieron «más de 11.000 denuncias» telefónicas sobre supuestas «extorsiones» de las organizaciones sociales para obligar a la gente a salir a la calle.
La jornada de protestas puso a prueba por primera vez un protocolo represivo para «liberar las calles» de manifestantes, que diversas organizaciones nacionales e internacionales califican de violatorio de los derechos humanos y que ha sido bautizado como ‘antipiquetes’.
Apenas iniciada la marcha en la ciudad de Buenos Aires, manifestantes chocaron con la Policía y hubo momentos de extrema tensión. Al menos dos personas fueron detenidas por agredir a efectivos policiales, según reportaron las autoridades.
El protocolo logró su objetivo parcialmente, porque algunas vías estuvieron bloqueadas, entre manifestantes y cordones de seguridad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, implementó un fuerte operativo en el que participaron las cuatro fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Además, desde la central de Policía, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y nacionales, incluso el presidente Javier Milei, monitoreaban con cámaras los puntos clave donde se desarrollaron las concentraciones, con control de vehículos, buses y trenes.
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